Defendamos la república.

El pedido de juicio político que el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores y legisladores del oficialismo impulsan contra los jueces de la Corte Suprema no solo constituye un gravísimo ataque a las instituciones de la República, sino que también tendrá un fortísimo impacto sobre el clima de negocios, ya que pone en duda la credibilidad y la estabilidad necesarias para la inversión, indispensable con miras al desarrollo de un país que necesita salir de la profunda crisis económica y social en la que se encuentra.

Son harto preocupantes los atropellos del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, violentando la división de poderes. Pretender remover jueces por dictar fallos que el Gobierno considera inconvenientes es incompatible con el Estado de Derecho y constituye otra afrenta directa a nuestro sistema constitucional.

Distintas entidades empresarias como la Unión Industrial Argentina, (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el Foro de Convergencia Económica y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, entre muchas otras, se pronunciaron de manera contundente contra la decisión de impulsar un juicio político a la Corte.

Si no se respetan las instituciones y se ponen en duda los valores republicanos que nos rigen, está claro que el contexto internacional se hará todavía mucho más adverso para las oportunidades de inversión que la Argentina podría tener.

En el campo del derecho hubo duros pronunciamientos. El Colegio de Abogados de la Ciudad y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal emitieron sendos comunicados para advertir que está en juego la independencia judicial. “Es lisa y llanamente inadmisible sostener el pedido de remoción en la discrepancia acerca de la interpretación de normas de la Constitución nacional, pues precisamente la Corte Suprema es el único y exclusivo órgano al que le compete esa función”, sostuvo el Colegio Público.

Paralelamente, el Colegio de la Ciudad exhortó al Congreso de la Nación a rechazar el planteo del Presidente y sostuvo, entre otros conceptos, que “la independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho” y que “es menoscabada cuando las autoridades del gobierno de turno promueven la remoción de jueces, al margen de las causales que lo habilitan, porque no comparten las decisiones que ellos toman en el marco de casos concretos”.

La preocupante arremetida política contra el Poder Judicial ya trascendió las fronteras del país. Un conjunto de organizaciones internacionales representativas de magistrados de una veintena de naciones reclamó el respeto a “la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial”.

Como reflejo directo del agravamiento del actual contexto, un reciente informe de la prestigiosa revista The Economist señala que la Argentina es uno de los países menos competitivos en la región para atraer inversión “de cercanía” por tener muy bajos puntajes en materia cambiaria, de comercio exterior, funcionamiento del mercado laboral e infraestructura y que, al igual que otros países de América Latina, enfrentará importantes vientos en contra que afectarán las perspectivas económicas para 2023 en el orden mundial.

Diversos son los factores que contribuyen a crear y mantener un buen clima de negocios capaz de atraer inversiones. Entre ellos se destacan la solidez de las instituciones públicas, la estabilidad política, el imperio de la ley, el respeto irrestricto a la división de poderes y al Estado de Derecho. Sin dudas, todos han quedado heridos de muerte en la Argentina por la descabellada decisión del Poder Ejecutivo de avanzar sobre el Poder Judicial. No importa que finalmente el juicio político no avance en el Congreso. La sola decisión de impulsarlo con el objetivo de armar un show mediático en una comisión de la Cámara de Diputados es absolutamente condenable.

Las inversiones, ya sean locales o extranjeras, necesitan un terreno propicio. Y ello solo es posible cuando existe un contexto institucional y legal tan sólido como previsible. Cuando desde los otros poderes del Estado solo se busca destruirlo, quebrantarlo o debilitarlo para vulnerar la seguridad jurídica, el futuro de la República se ve peligrosamente amenazado.